El Sueño Americano

La central sindical AFL-CIO, una de las principales del país, se sumó a una campaña nacional que invita a millones de indocumentados a reunir los requisitos para inscribirse en la acción ejecutiva, programa que el presidente Obama anunció en noviembre y que se encuentra detenido por una orden judicial.

La iniciativa "¡Adelante!" de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) arrancó con tres días de capacitación para 200 sindicalistas de 27 estados sobre cómo ayudar a trabajadores y jóvenes sin autorización de permanencia legal en el país que califican para los programas DACA y DAPA.

La acción ejecutiva ampara de la deportación a unos 5 millones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.

También protege a unos 300 mil dreamers (DACA, por sus siglas en inglés) que están protegidos por una acción diferida vigente desde el 15 de agosto de 2012 y se encuentran en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010.

Ambos grupos, además, califican para un permiso de trabajo renovable cada tres años.
El presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, dijo que los patronos de trabajadores indocumentados suelen pagarles salarios más bajos y negarles estándares de seguridad. "Cuando eliminemos eso, ganamos todos", aseguró.

A principios de marzo Trumka había anticipado que la campaña movilizará la infraestructura del movimiento sindical “abriendo las puertas de las salas de reunión de los sindicatos y así poder informar y asistir a las personas que están buscando obtener autorización de trabajo bajo los nuevos programas de acción diferida, como también ayudar a las personas que califiquen con sus solicitudes de ciudadanía”.

La acción ejecutiva se encuentra detenida desde el 16 de febrero cuando el juez federal Andrew S. Hanen, quien preside la Corte Federal del Quinto Circuito en Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar en respuesta a una demanda entablada por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) el 3 de diciembre del año pasado.

Fuente: univision

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