Texas No Encuentra Razón Para Levantar Suspensión

Un juez federal ha impedido equivocadamente que "políticas de sentido común" entren en vigencia al bloquear la orden ejecutiva del presidente Barack Obama que busca proteger a millones de inmigrantes de ser deportados, y el gobierno federal planea continuar con su lucha en un tribunal de mayor instancia, afirmó el miércoles la Casa Blanca.

Josh Earnest, portavoz de la residencia presidencial, dijo que esas políticas van en el mejor interés de la economía y están respaldadas por empresas, líderes religiosos y funcionarios policiales de todo el país, "incluso en algunas comunidades que están ubicadas en estados bastante rojos", refiriéndose al color del Partido Republicano.

El juez federal de distrito Andrew Hanen se negó el martes por la noche a levantar un bloqueo temporal que impuso a las políticas del presidente en febrero después de que 26 estados, encabezados por Texas, interpusieron una demanda en la que desafían los cambios. El Departamento de Justicia del país le había solicitado a Hanen que revirtiera su decisión, pero el juez radicado en Brownsville, Texas, dijo que el gobierno no había "mostrado ninguna razón creíble" para que él diera vuelta atrás a su fallo de inmediato.

Eso significa que al gobierno de Obama se le sigue impidiendo temporalmente que implemente políticas que les permitirían hasta a cinco millones de personas permanecer en Estados Unidos a pesar de que carecen de permiso para radicar en el país.

Earnest dijo que el gobierno continuará su lucha ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, a la que el Departamento de Justicia ya le había solicitado que retirara la orden judicial. Dicho tribunal de apelaciones escuchará argumentos el 17 de abril.

"El hecho es que el presidente anunció políticas de sentido común para ayudar a traer consigo rendición de cuentas, un poco de rendición de cuentas muy necesario, a nuestro averiado sistema de inmigración", afirmó Earnest el miércoles durante una reunión con periodistas en la Casa Blanca.

La demanda de los estados argumenta que la acción de Obama es inconstitucional y obligaría a los gobiernos locales a invertir más en agentes policiales, atención a la salud y educación. Ken Paxton, secretario de Justicia de Texas, dijo el miércoles que "cualquier implementación prematura podría tener consecuencias graves, infligiendo un daño irreparable a nuestro estado".

La Casa Blanca anunció las órdenes ejecutivas en noviembre, bajo el argumento de que la inacción del Congreso en torno al tema migratorio obligaba al presidente a efectuar amplios cambios por su cuenta.

Hanen emitió su primera orden judicial bajo la creencia de que ninguna de las dos acciones ejecutivas había entrado en vigor. Pero posteriormente el Departamento de Justicia confirmó que más de 108,000 personas ya habían recibido indultos de deportación por tres años y permisos de trabajo. Abogados de dicho departamento insistieron en que las medidas fueron tomadas bajo directrices establecidas en 2012 y ofrecieron disculpas por cualquier confusión que hubiera ocurrido, pero Hanen no se veía convencido durante una audiencia el mes pasado y amenazó con sancionar a los abogados.

Fuente: telemundo47

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